21 septiembre 2011

Las tácticas de represión de medios de la era de Mubarak vuelven a estar en vigor


Parte de una instalación interactiva en 2010 en la Gran Estación Central en Nueva York creada para un evento de Human Rights Watch a favor de los prisioneros políticos de Birmania
Parte de una instalación interactiva en 2010 en la Gran Estación Central en Nueva York creada para un evento de Human Rights Watch a favor de los prisioneros políticos de Birmania
Amr Dalsh/REUTERS

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A pesar del cambio prometido por la revolución, el Gobierno de transición de Egipto, el Supremo Consejo de las Fuerzas Armadas (SCAF), sigue empleando fuerza excesiva y leyes represivas contra aquellos que comparten información y opiniones y quienes participan en manifestaciones pacíficas, lo que llevó a tres miembros de IFEX en el país a compararlo con el régimen de Mubarak.

A pesar de haber prometido inicialmente deshacerse de la odiada ley de emergencia de Egipto, que se ha usado para aplastar disidentes a lo largo de los últimos 30 años, el SCAF hizo exactamente lo puesto. El 15 de septiembre, aprobó un decreto que permite invocar la ley de emergencia casi a voluntad, en respuesta a situaciones que incluyen, entre otras, la diseminación de declaraciones y noticias falsas, vandalismo y la obstrucción de caminos, informan el El Cairo Institute for Human Rights Studies (Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, CIHRS), la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos (ANHRI), la Egyptian Organization for Human Rights (Organización Egipcia por los Derechos Humanos, EOHR) y otros miembros de IFEX.

"[El decreto] permitirá la intimidación y el acoso a persona implicadas en huelgas, manifestaciones y protestas pacíficas. Además constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y unos medios libres", afirmaron los tres miembros de IFEX egipcios en una declaración, que también fue firmada por otros 19 grupos de la sociedad civil egipcios. Entre otras demandas, los signatarios están pidiendo la abolición del decreto y el fin de las campañas en contra de las organizaciones de la sociedad civil que ha continuado desde la primavera.

La semana pasada, el ministerio de Información del SCAF allanó y cerró Al-Yazira Mubasher Misr (la filial en Egipto de Al-Yazira), después de que el Gobierno no emitió a la estación una licencia cuatro meses después de haberla solicitado, informan la ANHRI, el CIHRS, la EOHR y otros. Se decomisó equipo y un ingeniero fue arrestado. Es probable que esos cierres continúen, pues el Gobierno emitió una "congelación" a las nuevas licencias para estaciones vía satélite, dice el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ).

Otro avance perturbador es la reciente proscripción de periodistas de juicios políticos, entre ellos el juicio de Mubarak, dice Reporteros sin Fronteras (RSF).

Uno de los casos más alarmantes es el del bloguero encarcelado Maikel Nabil Sanad, a quien se le impuso una sentencia de tres años por cuestionar la supuesta neutralidad de las fuerzas armadas durante el levantamiento masivo de Egipto en enero y febrero. Fue llevado de urgencia a la enfermería varias semanas después de iniciar una huelga de hambre, después de que dejó de beber, lo que hizo que los miembros de IFEX temieran por su vida.

Los ataques contra la prensa libre y los amplios poderes de represión del nuevo Gobierno supuestamente democrático representan "un insulto a los miles que se sacrificaron y murieron en una violenta batalla para derrocar todo el régimen", afirmaron la ANHRI, el CIHRS y el EOHR.

El EOHR está preocupado con lo que el escamoteo de derechos democráticos significa para las próximas elecciones y está seleccionando y capacitando a 1,000 observadores electorales locales. Los grupos egipcios están además trabajando juntos en un proyecto de vigilancia de medios durante las elecciones.

PIE DE FOTO: Soldados egipcios mantienen a manifestantes lejos de una una reciente protesta en El Cairo

ASIA-PACÍFICO

4. Birmania: Gesto simbólico de libertad en Internet en medio de encarcelamientos draconianos constantes

Numerosos miembros de IFEX están aumentando la presión sobre el nuevo Gobierno de Birmania, que todavía tiene detenidos a aproximadamente 2,000 prisioneros políticos, a pesar de su interés en convencer a la comunidad internacional de poner fin a las sanciones económicas y apoyar su presidencia de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en 2014.

Esta semana, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) emitió un informe detallado sobre el historial en libertad de prensa del Gobierno del presidente Thein Sein. La Southeast Asian Press Alliance (Alianza de Prensa del Sureste Asiático, SEAPA), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Human Rights Watch emitieron además declaraciones que piden la liberación inmediata de los blogueros, artistas y activistas encarcelados injustamente, muchos de los cuales purgan sentencias de varias décadas. Según la SEAPA, casi una docena de periodistas están entre los encarcelados, y casi todos ellos trabajaron en forma clandestina para las organizaciones noticiosas exiliadas Irawaddy, Voz de la Democracia de Birmania y Mizzima News.

"La liberación de periodistas y unos 2,000 prisioneros políticos debería ser un elemento central de la reflexión de la ASEAN de conceder a Birmania la presidencia de la ASEAN", sostuvo Gayathry Venkiteswaran, director ejecutivo de la SEAPA.

Las organizaciones de IFEX instaron a la comunidad internacional a no dejarse apaciguar por los recientes y pequeños gestos en la dirección correcta. Esta semana, por ejemplo, los usuarios de Internet pudieron acceder a sitios anteriormente proscritos como YouTube, Reuters, Irrawaddy y la Voz de la Democracia de Birmania, según Irrawaddy y RSF. Pero los usuarios de los cibercafés siguen estando a vigilancia con videocámara y monitoreo, según el informe del CPJ.

Casi todos los prisioneros fueron encarcelados por la anterior junta militar, que el Gobierno de Thein Sein reemplazó tras unas elecciones democráticas en noviembre de 2010. Desde entonces, sin embargo, Birmania ha seguido imponiendo castigos draconianos para aquellos que levantan la voz.

La semana pasada, se impuso a Sithu Zeya, de 23 años, 10 años más de cárcel en relación con las fotografías que tomó tras la explosión de una bomba en 2010, informan Mizzima News, CPJ y RSF. En agosto, un oficial del ejército fue sentenciado a 10 años por criticar los esfuerzos de reconciliación del Gobierno, informan Mizzima News y Human Rights Watch.

En Agosto, el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tomas Ojea Quintana, entrevistó a activistas y periodistas encarcelados que informaron de privación de sueño y alimentos y golpizas. En un signo esperanzador, la Cámara Baja del Parlamento de Birmania propuso una amnistía para todos los prisioneros políticos tras la visita de Quintana, informa Human Rights Watch.

Situar las cuestiones de libertad de expresión en perspectiva.

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