12 mayo 2006

Alerta

INFORME CÁPSULA: La libertad de prensa muy maltratada en 2005 y los comienzos del 2006, según RSF


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(RSF/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de RSF, con fecha del 10 de mayo de 2006:

CUMBRE UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA/CARIBE: REPORTEROS SIN FRONTERAS PIDE A LOS GOBIERNOS UN NUEVO ESFUERZO EN FAVOR DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Con ocasión de la cuarta Cumbre Unión Europea - América Latina/Caribe, que se celebrará del 11 al 13 de mayo de 2006 en Viena, Reporteros sin Fronteras (RSF) hace un llamamiento a los jefes de Estado y de gobierno presentes para que hagan respetar más la libertad de prensa, muy maltratada en 2005 y en los comienzos del año 2006.

"En 2005, en el continente americano asesinaron a siete periodistas, y otros cinco han perdido la vida, en el ejercicio de su profesión, desde enero de 2006. En la mayoría de los casos, esos crímenes permanecen impunes. Por otra parte, son moneda corriente las agresiones y los casos de presiones y censura a los medios de comunicación, con la complicidad ocasional de las autoridades políticas y judiciales locales.

"Felicitamos los esfuerzos efectuados por algunos países, sobre todo en el plano legislativo, para garantizar mejor las libertades de prensa y expresión. Unos esfuerzos que deben continuar y que esperamos reciban el apoyo de la Unión Europea, de la que también esperamos que sea capaz de exigir el respeto de los derechos humanos al gobierno de Cuba, el único país del continente donde la libertad de prensa es inexistente", ha declarado RSF.

Desde la oleada represiva de la primavera de 2003, Cuba mantiene el triste récord de ser la segunda mayor cárcel del mundo para los periodistas, después de China. Veinte de los periodistas detenidos durante la "primavera negra" continúan internados en condiciones extremadamente severas, y las autoridades retienen desde el verano de 2005 a otros tres, dos de los cuales no han sido juzgados ni existe ningún cargo contra ellos. Ahora, los periodistas independientes, que en tiempos normales están sometidos a vigilancia permanente, se ven afectados de lleno por una nueva oleada represiva, marcada por actuaciones colectivas de represalias, citaciones intempestivas de la Seguridad del Estado (policía política) y chantajes para autorizar la salida del territorio cubano.

En 2005, México se convirtió en el país más asesino del continente americano para la prensa. Tan solo en la primera semana de abril asesinaron a dos periodistas, y un tercero desapareció. A un fotógrafo y un periodista radiofónico les mataron con 24 horas de diferencia, los días 9 y 10 de marzo de 2006. El pasado 6 de febrero, dos hombres armados irrumpieron en la redacción del diario "El Mañana", en Nuevo Laredo, e hirieron gravemente a uno de sus reporteros.

En total, desde el comienzo del mandato del presidente Vicente Fox en 2000, han asesinado a 16 periodistas, y a seis de ellos en Nuevo Laredo, ciudad limítrofe con Estados Unidos, donde la plaga del narcotráfico amenaza muy seriamente a la libertad de prensa, lo mismo que en toda la zona fronteriza. Es cierto que, el 15 de febrero de 2006, el gobierno federal creó una Fiscalía especial encargada de luchar contra los ataques dirigidos a los medios de comunicación. Pero ¿de qué libertad dispone una jurisdicción que no va dirigida a tratar la cuestión del narcotráfico, que es el origen de las amenazas más serias contra la vida de los periodistas?

Por otra parte, RSF aplaude la despenalización de los delitos de prensa y la protección del secreto de las fuentes, aprobadas el 18 de abril de 2006 en la Cámara de Diputados federal. Pero ese avance todavía tiene que ser ratificado por el Senado. Las fechas electorales no deben hacer que se olvide.

En Colombia, el asesinato el 11 de enero de 2005 en Cúcuta, de Julio Palacios Sánchez, de Radio Lemas, y el de Gustavo Rojas Gabalo, apodado "el Gaba", de Radio Panzemu, ocurrido el 4 de febrero de 2006 en Montería, han servido para recordar que el periodismo sigue siendo cuestión de vida o muerte en este país. Los periodistas padecen continuas presiones, que les llevan a la autocensura o el exilio. Ocho de ellos tuvieron que abandonar la región, e incluso el país, durante el año 2005.

La prensa no puede abordar algunos temas, que sin embargo resultan inevitables, sin arriesgar pena de sufrir represalias. Así, se han convertido en tabúes la corrupción, el tráfico de droga o las exacciones de los grupos armados. El plan de desmovilización de los paramilitares, puesto en marcha en 2003, no ha dado los resultados esperados. La Ley de Justicia y Paz, aprobada por el impulso del presidente Alvaro Uribe, prescribe la mayoría de los crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Más de 8.000 de sus miembros están todavía activos, o se han reconvertido en asesinos a sueldo. Gustavo Rojas Gabalo era una de sus víctimas.

Las agresiones e intimidaciones están adquiriendo proporciones gigantescas en Perú. En 2005, la organización tuvo conocimiento de 62 casos de amenazas o agresiones a la prensa. Desde el comienzo del año 2006 han sido nueve los periodistas víctimas de ese tipo de ataques, que frecuentemente son obra de unas autoridades locales muy preocupadas por sofocar la curiosidad de los medios de comunicación.

En Haití, la libertad de prensa sigue siendo precaria y el nuevo gobierno del presidente electo René Préval, que asumirá sus funciones el 14 de mayo, tendrá que romper la impunidad que continúa rodeando los asesinatos de Jean Dominique, de Radio Haití Inter, ocurrido en 2000, Brignol Lindor, de Radio Echo 2000, ocurrido en 2001, y de Jacques Roche, del diario "Le Matin", en 2005. Estos casos son otras tantas razones para reformar un sistema judicial que hoy no funciona, y para dotarlo de los medios necesarios para actuar.

Sigue siendo tenso el clima existente entre el gobierno y la prensa privada en Venezuela donde, desde el comienzo del año 2006, se han iniciado una decena de procedimientos contra periodistas, en base a la Ley de responsabilidad social de los medios audiovisuales del 7 de diciembre de 2004, y de la Ley de reforma del código penal del 16 de marzo de 2005. La segunda de estas leyes le quita a la prensa la capacidad de jugar un papel de contrapoder, a causa de las penas de cárcel que establece para los casos de "desacato" a una personalidad pública. Por el momento no se ha dictado ninguna condena definitiva. Todavía existe un contexto favorable para un diálogo entre los medios de comunicación y el gobierno.

Finalmente, en Brasil sigue siendo difícil la situación de la prensa local, y especialmente en las regiones del Norte y el Noreste, donde hay actividades ilegales y autoridades locales que no siempre respetan los derechos humanos. Por otra parte, la legislación federal continúa incluyendo la Ley de 1967, heredada de la dictadura militar (1964-1985), que sanciona con penas de cárcel los delitos de prensa. Y esto cuando el presidente Luis Inácio "Lula" da Silva acaba de firmar, el 3 de mayo, la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, entre otras cosas, garantiza la despenalización de esos delitos y la protección del secreto de las fuentes.



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