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El presidente Kagame silencia a críticos respecto a reelección

El Presidente de Ruanda, Paul Kagame, ganó otro periodo de siete años en las elecciones del 9 de agosto, tras ya estar en el poder por 15 años. Obtuvo el 93 por ciento de la votación al proscribir a los partidos de oposición y eliminar la cobertura noticiosa crítica dentro del país informan Human Rights Watch, (Reporteros sin Fronteras, RSF), el Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ) y otros miembros de IFEX. En los meses previos a la elección, el gobierno cerró medios de comunicación de manera sistemática y aterrorizó a periodistas críticos hasta hacerlos huir del país.

Index on Censorship informa que el gobierno justificó su ataque a los medios diciendo que debía evitar la que volvera a ocurrir el genocidio de 1994, e invocando de manera continua el papel jugado por los medios que incitaban al odio y al asesinato. Como resultado de esto, los medios independientes luchan para sobrevivir; Ha habido periodistas asesinados, arrestados, intimidados, obligados al exilio y multados.

En abril dos semanarios críticos fueron suspendidos por el Consejo Supremo de Medios, el cual está bajo la influencia del gobierno. John-Bosco Gasasira, editor de "Umuvugizi" abandonó el país tras recibir amenazas telefónicas y estar bajo la vigilancia de la inteligencia militar. Al mes siguiente, el editor de "Umuseso", Didas Gasana, huyó de Ruanda temiendo su arresto.

Desafiante, Gasasira mantuvo su empresa de medios de comunicación en Ruanda a través de su editor asistente, Jean-Leonard Rugambage. Sin embargo, Rugambage fue muerto a tiros el 24 de junio. Además, los periodistas exiliados de "Umuseso" lanzaron un semanario nuevo, "Newsline", y trataron de enviarlo a Ruanda por autobús, pero la policía confiscó el periódico en la frontera con Uganda. Y reportar a distancia es difícil: "Nuestras fuentes se sienten tan intimidadas que es todo un reto validar la información, especialmente tras el asesinato de Rugambage. Esto ha aterrado a reporteros y fuentes por igual", dijo Gasasira.

En Ruanda, la editora Agnès Uwimana Nkusi y el periodista Saidat Mukakibibi fueron arrestados en julio. El semanario de Nkusi, "Umurabyo" escrito en idioma quiñaruanda arrojó luz sobre el asesinato de Rugambage, la desavenencia entre el presidente Kagame y dos líderes militares hoy exiliados, y reporta sobre presuntos gastos suntuarios en jets de lujo. Ambos periodistas han sido acusados de incitar a la desobediencia civil, insultar al presidente, propagar rumores falsos y negar el genocidio tutsi. Al momento del arresto de Nkusi, RSF pidió con urgencia a la Unión Europea y a donantes internacionales detener el financiamiento de la elección.

Después, una semana antes de las elecciones, el Consejo supremo de medios suspendió a 30 medios de comunicación. El consejo emitió un comunicado el 26 de julio listando 19 estaciones de radio y 22 periódicos habían cumplido con los criterios de la ley de medios del país, invitándolos a solicitar una licencia de operación. Otras empresas de medios de comunicación fueron proscritas de manera efectiva al ser excluidas de la lista.

Esta táctica ha silenciado a los más prominentes periódicos de Ruanda y a varias estaciones de radio, incluyendo a la Voz de África Ruanda y la Voz de las Américas. El 28 de julio el consejo ordenó a las fuerzas de seguridad a cerrar periódicos y estaciones de radio que operaran ilegalmente.

Además de esto, Kagame redujo de manera ostensible los espacios políticos antes de las elecciones, informa Human Rights Watch. Los otros tres partidos contendientes apoyaban ampliamente al partido de Kagame, el Frente patriótico ruandés. Por otra parte, a los tres partidos que criticaban abiertamente al partido gobernante ni siquiera se les permitió participar en las elecciones. Miembros de partidos de oposición fueron golpeados y arrestados en un periodo de ocho meses. El 13 de julio, desapareció el vicepresidente del Partido verde democrático; Al día siguiente se encontró su cuerpo mutilado cerca del pueblo de Butare.

En abril, se canceló la visa de trabajo de un investigador de Human Rights Watch, obligándolo a abandonar el país.

En una advertencia de viaje pera periodistas, el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI) advirtió que se intervenían líneas telefónicas y la Internet podría ser monitoreada en Ruanda. INSI agrega que bajo la Ley de Genocidio cualquiera que ponga en duda la versión oficial del genocidio de 1994 puede ser encarcelado de 10 a25 años.

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